Las llamas regresaron a Fermoselle en la mañana del 29 de julio. Así, un nuevo incendio ha vuelto a golpear con fuerza la comarca de Sayago y Arribes del Duero, devastando un entorno de incalculable valor ambiental y paisajístico.
Según ha informado la prensa, el incendio comenzó en la zona del Picón, junto al río Tormes, en el entorno donde se ubica el Puente de San Lorenzo. Aquí la vegetación sucumbió a las llamas con una única y extraordinaria excepción: una franja de parcelas cultivadas de viñedo que ha permanecido completamente intacta.
Mientras el matorral denso y el monte abandonado actuaron como un voraz combustible que aceleró la propagación del fuego, los bancales recuperados y trabajados por la mano humana ejercieron de cortafuegos natural. Este hecho ha puesto de manifiesto sobre el propio terreno que la agricultura tradicional no solo no es enemiga del medio ambiente, sino que constituye el escudo protector más eficaz frente a la catástrofe.
Sin embargo, sobre esa misma franja verde que sigue en pie y que salvó el suelo de la erosión total, pesa una orden contundente e inflexible de la Junta de Castilla y León que exige al agricultor arrancar las vides de inmediato y abonar una sanción administrativa. El expediente sancionador saca a la luz no solo la rigidez burocrática, sino el impacto devastador de una interpretación interesada y sesgada de la ley.
La resolución administrativa se ampara formalmente en la legislación forestal vigente: al argumentar que estos antiguos bancales históricos han permanecido más de dos décadas sin actividad agrícola, la Administración los clasifica automáticamente como “monte”. Sin embargo, el verdadero problema reside en quién y cómo se determina ese supuesto “abandono”. Medio Ambiente interpreta que, si una tierra no ha cobrado las ayudas de la PAC, computa como no cultivada. Se ignora de forma deliberada que esas parcelas jamás estuvieron abandonadas y que los propios tributos e impuestos de labor satisfechos por el propietario demuestran que la tierra ha mantenido su naturaleza agrícola. Se utiliza el rasero de la PAC no para reflejar la realidad del campo, sino como un atajo burocrático para declarar todo el territorio como monte y forzar su abandono.
La paradoja roza el esperpento institucional: la propia Junta de Castilla y León ha concedido a este agricultor un proyecto para subvencionar la plantación del viñedo, mientras que, al mismo tiempo, el Servicio Territorial de Medio Ambiente dependiente de la Junta de Castilla y León es la misma administración que lo sanciona y le obliga a arrancarlo.
Asimismo, al haber sufrido la zona un incendio en el año 2017, la norma prohíbe de manera tajante el cambio de uso forestal a agrícola. Si bien el espíritu original de esta ley buscaba frenar la recalificación lucrativa o la destrucción intencionada del bosque, su aplicación ciega en el medio rural despoblado produce exactamente el efecto opuesto al deseado. Se premia el abandono al obligar a que la tierra vuelva a cubrirse de maleza seca —convertida en una bomba de relojería para el siguiente verano— y se persigue a quien fija población e invierte su esfuerzo en recuperar bancales centenarios, ignorando que las llamas han acreditado empíricamente que el viñedo vivo mantuvo la biodiversidad mientras la figura jurídica de “monte” terminó reducida a cenizas.
El desastre evitado en esta franja de Fermoselle es tan solo un ejemplo, pero abre un debate urgente sobre la necesidad de reformar profundamente unas leyes medioambientales redactadas desde despachos lejanos y desconectadas de la realidad de lo que se conoce como “la España vaciada”. No es posible equiparar la especulación urbanística ni las transformaciones agrarias agresivas con la recuperación artesanal del viñedo en bancales, una práctica histórica en los Arribes del Duero que vertebra el paisaje y fija el suelo.
La legislación y sus intérpretes deben evolucionar para reconocer de forma explícita que la agricultura y la ganadería extensivas no son una amenaza para el ecosistema, sino infraestructuras verdes fundamentales en la estrategia de prevención de incendios. Continuar sancionando y persiguiendo a quienes devuelven la vida productiva a tierras históricamente agrícolas es condenar al medio rural al colapso demográfico y a la quema recurrente. Si una ley invalida lo que la propia naturaleza, la física y el fuego acaban de demostrar a pie de campo, no es el territorio el que está equivocado: es la ley la que debe cambiar de inmediato.
Firmado: Bodegas Pascual-Fernández
Este artículo es una tribuna de opinión. Las ideas y valoraciones que contiene corresponden exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de Pueblos de Sayago.